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A vueltas con la reforma laboral: ¿y ahora qué hacemos?

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Trabajadores

Llevamos tres años desde la aprobación de la reforma laboral. Ninguna otra trasformación legislativa impulsada por el Gobierno ha sido más decisiva y más controvertida en estos tiempos de crisis. Ha llegado a decirse, no sin fundamento, que ha sido la única verdadera reforma que el ejecutivo ha llevado adelante, la única que tenía preparada con antelación y por eso la única aprobada al inicio de la legislatura. (Nos resistimos a calificar de reforma la subida de impuestos).

Para los empresarios, esta reforma ha sido un balón de oxígeno que ha permitido flexibilizar las relaciones laborales y las condiciones de trabajo y en consecuencia mantener empresas y puestos de trabajo que de otra forma se hubieran perdido, agravando aún más el drama del desempleo. En esta línea se sitúan los argumentos que ven en la reforma laboral una palanca de creación de empleo, incluso con crecimientos bajos de la economía.

Para los sindicatos y los partidos de izquierda, por el contrario, la reforma laboral ha sido una desgracia que ha venido a traer pobreza y precariedad, facilitando el despido de trabajadores fijos y su sustitución por temporales de bajo coste, a perjudicar las condiciones de trabajo -reduciendo salarios y ampliando de facto las jornadas- y a atentar contra la negociación colectiva.

La derogación de la reforma laboral sería una pésima decisión, al igual que mantenernos en la situación actual.

Deben implementarse los cambios precisos para un fomento efectivo de la contratación indefinida y con salarios dignos.

 

Los jueces en el punto medio

Tal vez en un punto medio se sitúen los jueces a quienes ha tocado interpretar la reforma laboral. Los tribunales han venido, por una parte, a reconocer su constitucionalidad- que fue inmediatamente discutida, incluso en la forma de su aprobación por vía de decreto ley (sentencias del Tribunal Constitucional de 22 de enero de 2015 y 16 de julio de 2014)- y , por otra, a matizar su alcance, sobre todo en relación con la ultraactividad de los convenios colectivos y sus efectos -sentencia del Supremo de 22 de diciembre de 2014- así como en relación con los despidos colectivos, imponiendo al empresario un nivel de exigencia en la gestión y negociación de los mismos más allá, sin duda, de lo que tenía in mente el Ejecutivo -sirva de ejemplo la sentencia de la Audiencia Nacional en el ERE de Coca Cola de julio de 2014-.

Y ahora que estamos en campaña electoral, los principales partidos políticos de Gobierno y oposición parecen alinearse en posiciones antagónicas y maximalistas. Para el PSOE, como en general para la izquierda, el objetivo es derogar la reforma, así sin más, mediante una contrarreforma laboral que reinstaure la normativa previa a febrero de 2012. Para el Partido Popular se trata de sostener la reforma realizada, también así, sin más, como si la misma nos hubiera situado en el mejor de los mundos. Son dos errores a combatir.

Lo cierto es que hay que partir de la realidad para proyectar un avance. La situación económica actual no es comparable a la que teníamos cuando comenzó la crisis. La aplicación de un marco laboral del pasado, una derogación frontal de la reforma de 2012, traería consecuencias perniciosas para la economía y la creación y mantenimiento del empleo. Sería un riego extremo para el bienestar que nos va quedando, y que deberíamos cuidar como bien escaso. Desandar el camino recorrido para volver... ¿a dónde? Hay que recordar que la situación del mercado de trabajo en España antes de la reforma laboral distaba mucho de ser idónea, antes bien, era estructuralmente mala y el desempleo inaceptable.

 

Profundos problemas

Y si pensamos que la derogación sin más de la reforma laboral sería una pésima decisión, el mismo juicio nos merece el encastillamiento en la situación actual. Tampoco se trata de detenerse en el camino pensando que ya se ha llegado a la meta, rechazando cualquier juicio crítico sobre lo hecho e ignorando los profundos problemas que persisten en nuestro mercado de trabajo y la criticidad de la situación social.

¡Hay que mirar al futuro! ¡Hay que partir de la realidad actual para proyectar un avance, en la línea de las medidas en positivo que nuestra legislación precisa! Nuestro país tiene ahora una oportunidad excelente para lograr un marco laboral idóneo. Para ello es preciso trabajar aprovechando la jurisprudencia que ya tenemos, los pronunciamientos de los tribunales en la aplicación de la reforma y sobre todo implementando los cambios precisos para un fomento efectivo de la contratación indefinida y con salarios dignos, que permitan la reconstrucción de un tejido social que de sustento a un crecimiento y distribución equilibrada de la riqueza y que ofrezca una perspectiva de futuro a los jóvenes -ya es triste que tengan que emigrar incluso para el desempeño de trabajos básicos- y que dé soluciones a los mayores de 50 años. Una reactivación de la negociación colectiva, como se trata ahora de lograr con motivo del AENC, y un pacto social serían un punto de apoyo clave.

Los partidos políticos que conformarán el Gobierno futuro, sea cual fuere, deberían ya estar trabajando en propuestas en esta línea. Recientemente hemos asistido a algunas -que no han venido del PP ni del PSOE- para armonizar el marco de contratación evitando, de una vez por todas, la temporalidad permanente, y para facilitar la movilidad laboral y una mejor garantía económica frente a los despidos. Los "grandes partidos" deberían tomar nota y ofrecer mensajes de responsabilidad y coherencia a una ciudadanía que los necesita más que nunca.

(Artículo publicado en El Economista)

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