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El Tribunal Supremo se muestra contrario a los ERE de empleados públicos

Publicado por en en Actualidad Laboral

Tribunal-Supremo

La Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha estimado parcialmente un recurso de CC.OO. y UGT contra el reglamento de los procedimientos de despido colectivo de 2012 y ha procedido a anular parte del artículo 35.3, en el que se determinan los criterios para definir la 'insuficiencia presupuestaria' como recurso utilizado por las administraciones y entidades públicas para justificar despidos colectivos por causas económicas.

El Alto Tribunal considera contraria al Estatuto de los Trabajadores la definición que se hace del concepto de 'insuficiencia presupuestaria'. La sala recuerda en este fallo que la actual disposición final 20ª del Estatuto de los Trabajadores, en virtud de como quedó redactada tras la reforma laboral de 2012, establece que la mera insuficiencia presupuestaria no es causa justificativa del despido colectivo, sino que tiene que producirse una situación de insuficiencia presupuestaria “sobrevenida y persistente”.

La reforma laboral establecía que concurren causas económicas para el despido colectivo en administraciones y entidades del sector público cuando se producen situaciones de insuficiencia presupuestaria “sobrevenida y persistente” para la financiación de los servicios públicos correspondientes y, en todo caso, entiende que dicha insuficiencia presupuestaria es persistente “si se produce durante tres trimestres consecutivos”.

Los sindicatos han argumentado que el desarrollo reglamentario había ido más allá de la definición establecida en la reforma laboral sobre el concepto de 'insuficiencia presupuestaria', argumento que ha sido apoyado por el Tribunal Supremo en esta sentencia.

El Supremo subraya que el precepto reglamentario no responde a la exigencia legal de que la insuficiencia presupuestaria sea persistente: el simple déficit presupuestario de la Administración Pública de referencia en el ejercicio anterior no implica forzosamente tal persistencia; y en cuanto a la minoración de créditos, aun cuando pueda a veces ser indicio de dicha situación, no conduce ineluctablemente a ella”, sostiene.

El Alto Tribunal añade que este criterio reglamentario supone “una desviación del criterio legal, consistente en un dato material o sustantivo, como es la imposibilidad de financiar los servicios públicos encomendados, sustituyéndolo por un dato puramente formal”.

En este mismo fallo se anula también el apartado primero de la disposición final segunda de este reglamento, en el que se encomienda a la empresa la comunicación de las medidas de despido colectivo a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, cuando el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de la Seguridad Social establecen que debe hacerlo la autoridad laboral.

El Supremo no considera de por sí ilegal atribuir ese deber de comunicación a la empresa, pero sin suprimir el deber de comunicación que las leyes atribuyen a la autoridad laboral.

Por otra parte, se han dictado otras dos sentencias en las que rechaza los recursos de UGT, CC.OO. y la Confederación Intersindical Galega (CIG) contra el Real Decreto 1362/2012, de 27 de septiembre, por el que se regula la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.

La estimación realizada por el órgano judicial declara que parte de los recursos han perdido su objeto por sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de enero de 2015, y respecto a los reproches de legalidad ordinaria contra el citado Real Decreto, rechaza los argumentos de las centrales de que la Administración no les dio trámite de audiencia antes de aprobarlo

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Etiquetado en: 2015 convenios ERE Tribunales
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